El fraude
Beatriz tenía 22 años y vivía en El Salvador.
En 2013, en medio de una profunda vulnerabilidad, quedó embarazada por segunda vez. A su hijita, Leilani, le diagnosticaron una grave discapacidad.
Organizaciones abortistas, encabezadas por la activista Morena Herrera, robaron su informe médico y la manipularon.
Ella misma confirmó que le dijeron: “tenían que sacarme al niño porque, si no, yo me iba a morir”. Pero era todo mentira.
Así la presionaron para que solicite “interrumpir” su embarazo en un país en el que la Constitución protege la vida desde la concepción.
El objetivo era claro: armar un caso falso que impulse la legalización del aborto.
Pero había algo más grave aún: A causa de la cicatriz de una cesárea reciente, lo que realmente ponía en riesgo su vida era hacerle un aborto. Lo más seguro, en cambio, era continuar con su embarazo.
Es decir, las abortistas no sólo abusaron psicológicamente de Beatriz, sino que pusieron en peligro su vida y la de su pequeña hija.
No querían ayudarla. Querían usarla políticamente para un “litigio estratégico”.
¿Qué es eso? Es una caso armado para forzar la legalización del negocio del aborto, no sólo en El Salvador, sino en todo un continente: Latinoamérica.
Con los cuidados adecuados, Beatriz dió a luz a su pequeña Leilani, la tuvo en sus brazos y pudo despedirse de ella en paz.
Tristemente, años después, Beatriz falleció en 2017 a causa de un accidente de tránsito.
Pero la trampa ya había sido armada.
La estrategia abortista
¿Cómo se puede legalizar el aborto en todo un continente?
Manipulando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Si la Corte IDH afirmaba que el aborto era un “derecho”, todos los países del Continente serían presionados para legalizarlo.
Así, legisladores y jueces activistas en cada país usarían el caso para justificar leyes y jurisprudencia fundados en que, según el derecho internacional, el aborto es un derecho.
Es una estrategia de pinzas, desde fuera y desde dentro que ya ha sido aplicada en otros temas que los Congresos nacionales se resisten a aprobar: En el plano internacional se construye la idea de que el aborto es un derecho; luego, en cada país, se invoca ese supuesto consenso para justificar la reforma de las leyes internas.
La estrategia ya había sido usada antes con el “matrimonio igualitario” y habían tenido éxito en varios países.
Por eso, poco después del entierro de la pequeña Leilani, cuando todo parecía terminar, las agrupaciones abortistas ingresaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para ese entonces, junto a poderosas ONG internacionales ya habían sembrado la mentira de que Beatriz había sido forzada a parir a su hija e incluso que había muerto por no realizarse un aborto. Si googleas, aún verás su falso relato replicado en medios de todo el mundo.
Juez y parte comparten donantes
¿Cómo se puede manipular un organismo internacional? Con dinero. MUCHO dinero.
En GCHR rastreamos más de 86 millones de dólares repartidos por grandes ONG y países ajenos a la OEA para financiar, a la vez, a los peticionarios del caso y al mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Es decir, juez y parte, compartían donantes. La estrategia de ataque por dos frentes no era casual. Estaba claramente financiada por las mismas entidades.
Es más, CEJIL, una de las ONG peticionarias, influía a tal punto en la CIDH que sus representantes se habían convertido en comisionados.
El 7 de septiembre de 2017, la CIDH aceptó el caso, haciendo pasar por ciertas todas las mentiras del lobby abortista.
Un mes después, el 8 de octubre, falleció Beatriz. Y la verdad quedó también sepultada.
A inicios de 2022 el caso llegó a la Corte IDH.
La estrategia de Global
Cuando el caso llegó a la Corte Interamericana, la amenaza se convirtió en un peligro real.
Fue entonces cuando entramos en acción con un único objetivo: Sacar la verdad a la luz.
El objetivo era que todos conociesen que Beatriz había sido en realidad víctima del lobby abortista y advertir que la Corte IDH estaba a punto de caer en una trampa que destruiría su confianza y los fundamentos mismos de todo el SIDH.
El método: armar el mejor equipo de expertos en derecho interamericano y en comunicación y alertar a todos los países, trabajando mano a mano con la sociedad civil.
Puedes ver aquí parte de nuestra campaña: https://casobeatriz.org/
¡Victoria provida!
El 22 de noviembre de 2024 se dictó la sentencia. El triunfo fue rotundo.
La Corte rechazó la pretensión del lobby antivida y de la CIDH de declarar el aborto como un derecho.
Como prueba del peligro que corría el continente, derrotado e indignado, el juez colombiano Humberto Sierra Porto, reprochó a sus 5 compañeros el haber negado que el aborto fuera un derecho.
Pero aún hay más:
La Corte rechazó las mentiras presentadas en el caso Beatriz
Reconoció la dignidad de la pequeña Leilany, tratada hasta entonces por la CIDH como mero “producto”.
No exigió a El Salvador cambiar su constitución ni sus leyes, ni incluir causales ni protocolos que favorezcan la cruel práctica.
Reafirmó la soberanía de El Salvador, un cambio crucial en la jurisprudencia, que hasta entonces amenazaba con diluirla.
Por último, la Corte reconoció que protocolos médicos y leyes que protegen la maternidad son la mejor política para cuidar a madres e hijos.
Sólo se limitó a pedir al Estado algunas reparaciones para la familia de Beatriz y la mejora de protocolos de atención a embarazos de alto riesgo. Sin incluir nada de aborto.
Con 86 millones de dólares invertidos en el falso caso, las ong abortistas no tuvieron más opción que simular una falsa victoria y celebraron el magro fallo como un “avance en la salud reproductiva”.
Sin dudas el gran sufrimiento que padeció Beatriz, fue la angustia causada por quienes abusaron de ella mintiéndole con que iba a morir si no abortaba y la injusta y tormentosa batalla jurídica y política en la que la envolvieron.
Algo queda claro: este caso fue un fraude y no se debe repetir más.
La verdad ganó.
El derecho al aborto en Latinoamérica no existe.
Beatriz y Leilany descansan en paz.
